El doctor Haytham Manna  fue comisionado por cinco ONG de derechos humanos, como observador en el proceso judicial contra  Hassan El Rachidi y  Brahim Sbaâ  Ellil, que se abrió en Rabat el 1 de julio de 2008.

Los acontecimientos de Sidi Ifni (ciudad de Marruecos a 700 Km al sur de Rabat,  la capital) ocurrieron el sábado negro del 7 de junio de 2008 y han sido, sin duda, un gran desafío para el trabajo de los periodistas en momentos críticos. El periodista es un historiador del instante, un testigo directo que transmite de forma inmediata los diferentes puntos de vista de los protagonistas. En este sentido, y usando la expresión de Michel Seurat, «un sociólogo en caliente» que debe conciliar el guión de su crónica informativa con las deducciones lógicas, teniendo en cuenta  las contradicciones entre varias interpretaciones de un mismo suceso. Mientras que la verificación de las informaciones puede llevar a investigadores de otros campos a reconsiderar sus conclusiones, el periodista no puede permitírselo, ya que está obligado a trabajar bajo la presión de la primicia y tiene que darse prisa para transmitir sus reportajes.

En el sur de Marruecos, un grupo de jóvenes diplomados sin trabajo hizo «una sentada» frente a la entrada del puerto de Sidi Ifni Ait Baamrane -una pequeña ciudad de menos de  24.000 habitantes- a la que el destino hizo entrar, en otra época, en la resistencia contra el colonialismo y actualmente en la resistencia ciudadana. Los jóvenes bloquearon el acceso al puerto, impidiendo la salida de los camiones de pescado con destino a los depósitos frigoríficos y las fábricas de conservas de Agadir. Se trataba de una protesta por la degradación de las condiciones sociales de los jóvenes desempleados de la ciudad, por el desprecio de las autoridades ante las reclamaciones populares y por el olvido de las promesas de los responsables oficiales de crear una zona industrial en la localidad y las estructuras de formación.

La respuesta a la sentada fue el envío, a las cinco de la mañana, de Compañías móviles de intervención (policía nacional marroquí, N. de T.) y policías equipados con porras, balas de plomo y de goma y granadas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes y sus familias. Las fuerzas represivas no se conformaron con golpearlos y dispersarlos, sino que además irrumpieron con violencia en las casas las familias que se solidarizaron con las reivindicaciones de los jóvenes, de una forma salvaje saqueando, robando objetos, dinero y joyas personales, golpeando a la gente en las zonas más sensibles, violando a las mujeres tras arrancarles la ropa y profiriendo exabruptos e injurias que ofendían la dignidad de sus víctimas (existen certificados médicos que lo demuestran). Aunque el gobierno afirma que sólo hubo 300 miembros de las fuerzas de seguridad para reprimir a los activistas, algunas fuentes aseguran, por el contrario, que  los represores fueron 3.000. Cinco horas después del arranque de la operación, Sidi Ifni estaba sometida a un bloqueo total: nadie podía salir ni entrar a la ciudad.

Varios de los jóvenes que participaron en la sentada optaron por huir a las montañas circundantes para no caer en manos de las fuerzas represivas.

Un informe médico que hemos recibido constata agresiones sexuales y fuertes golpes en rostros, cabezas y oídos. Otro certificado médico demuestra un  traumatismo provocado por desnudar, manosear y agredir sexualmente a la víctima. Un tercer certificado establece una notable incapacidad para mover los dedos de la mano, así como dolores insoportables y traumatismos, a causa de una violación. Una de las víctimas de esas agresiones sexuales no puede ahora salir a la calle ni soportar la mirada de los transeúntes sobre su cuerpo.

Ante la ausencia de prensa nacional, que no se publica los fines de semana, desde el día siguiente la noticia fue transmitida por las agencias audiovisuales, las organizaciones de derechos humanos e Internet.

 
Me encontré, como observador, en un tribunal donde se juzga al cuarto poder, representado por el periodista Hassan El Rachidi, director de la agencia de Al Jazzera en Marruecos, y al «contrapoder», representado por Brahim Sbaa Ellil, militante por los derechos humanos, ambos en el banquillo de los acusados por la violación al artículo 42 del Código de la prensa (1) vigente en Marruecos. Para completar el cuadro, una decisión política retiró la acreditación de periodista a  Hassan El Rachidi, quien se encontró frente a la siguiente disyuntiva: o permanecía en Marruecos cambiando de actividad o abandonaba el país para ejercer el periodismo en el extranjero. En cuanto al militante Sbaa Ellil, quien había sido secuestrado y detenido en la prisión central de Salé, no le han permitido  presentarse en la sala de audiencias del tribunal de Rabat.

Tres semanas después del sábado negro, se puede decir que el expediente judicial es enorme: los ciudadanos conscientes de la importancia de los sucesos, hicieron fotos con sus teléfonos celulares a los policías mientras éstos golpeaban a la gente en la calle. Y, por su parte, los defensores de los derechos humanos reunieron los testimonios acreditados por certificados médicos, lo que consiguió quebrar el temor a  la violencia policial y superar  el obstáculo del miedo en la gente; las mujeres, que hablaron delante de los hombres, dieron testimonio de todo lo que habían sufrido.

Se ha podido comprobar con absoluta claridad que en los países donde los regímenes pretenden controlar los poderes ejecutivo y judicial, el cuarto poder asume plenamente su papel, de forma pacífica y esencial, en situaciones en las que no se tolera ninguna otra expresión. No es sorprendente, por lo tanto, el ensañamiento del poder contra el cuarto poder, se ejerza éste de forma tradicional o moderna.

Más de 20 conocidos abogados defensores  de causas políticas trataron inútilmente  de convencer al presidente del tribunal de que era ridículo establecer un plazo de sólo 72 horas para que la defensa examinara los incompletos expedientes de la acusación cuando las investigaciones de la comisión parlamentaria del gobierno y las ONG apenas habían comenzado. El presidente del tribunal respondió a la propuesta de la defensa con un «niet» inamovible y estableció el inicio del proceso para el 4 de julio de 2008, incluso antes de examinar seriamente la documentación y abandonando la neutralidad exigida al  poder judicial en un asunto tan delicado.

Al día de hoy sería aventurado hablar con absoluta seguridad sobre los sucesos en todos sus detalles. Lo que sí es seguro, es que quienes transmitieron la información de la que disponían a la opinión pública salvaron a decenas de personas de la violencia desplegada por las fuerzas represivas de tal forma que provocaron un conflicto no sólo local, sino a escala nacional. La gente ha empezado ha hablar del regreso de los «años de plomo».

Lejos de cualquier teoría de la conspiración, sin embargo, ¿es una casualidad que se condene al mismo tiempo a Abdelkarim Al Khiwani (2) a  6 años de prisión en Yemen, que se lleve a juicio a  4 jefes de redacción en Egipto, que se sancione a  la prensa escrita con un estrangulamiento económico, que se obstaculice el periodismo en Marruecos, que varios periódicos y revistas independientes estén prohibidos en otros países árabes y que se esté llevando a cabo una escalada de asfixia de los símbolos del cuarto poder en el mundo árabe?

La respuesta es muy simple, sigue habiendo sectores autoritarios que nunca aceptarán  la idea de un cuarto poder que rechaza que lo encasillen dentro los límites de «la voz de su amo».

Notas

(1) Se castigarán con cárcel por un período de un mes a un año y con una multa de 1.200 a 100.000 dirhams, o con una de las dos penas, la publicación, difusión o reproducción de mala fe, por cualquier medio, especialmente los medios señalados en el artículo 38, de noticias falsas, alegatos, hechos inexactos, noticias inventadas o falsificadas, aunque se atribuyan a terceras personas, cuando dichas informaciones hayan perturbado el orden público o causado miedo entre la población Estas mismas conductas serán  castigadas con cárcel por un período de uno a cinco años y con una multa de 1.200 a 100.000 dirhams cuando la publicación, difusión o reproducción pueda afectar a  la disciplina o la moral de las fuerzas armadas.

(2) Abdelkarim Al Khiwani, redactor jefe del periódico independiente Ach Choura, sacó a la luz pública el año pasado el plan pergeñado por el presidente Ali Abdullah Saleh (en el poder desde el 1990) para que su hijo lo sucediera en el cargo. Esta revelación llevó al presidente Saleh a abandonar su «gran idea» y continuar en el cargo sucediéndose a sí mismo «a petición del pueblo». Al Khilwani fue arrestado en junio de 2007, su periódico prohibido, su Web bloqueada y su familia  amenazada. El 9 de junio de 2008, fue condenado a seis años de prisión por «ofender al presidente» y «desmoralizar al ejército». El juez que lo condenó consideró que Al Khilwani era cómplice de los «terroristas» de la secta zaidí del difunto jeque Hussein Badreddine Al Houti, que desde hace varios años mantiene una resistencia armada frente al gobierno en el norte de Yemen.

 

Traducido por  Jorge Aldao. Revisado por Caty R