El Tribunal Constitucional Español, ha emitido  en el día de hoy, cinco de octubre del 2005, una resolución histórica que otorga a la jurisdicción española la competencia jurídica para: juzgar a los que cometen crímenes contra la humanidad, genocidios y demás graves violaciones de los derechos humanos fuera del territorio español, dentro de España. Así pues, y después de que Bélgica haya retrocedido hacia atrás en el caso de Ariel Sharon, ya que la jurisdicción belga ha vuelto a vincular cualquier demanda judicial contra una persona, con su estancia en el territorio belga. Dicha resolución (del TCE), le devuelve a la jurisdicción universal, su consideración como principio básico para establecer la justicia en España. Tal como reza la resolución del TCE: “El principio de la jurisdicción penal internacional, está por encima de los intereses nacionales.”

Según el Tribunal, para activar el referido principio, sobre todo lo referente a los crímenes cometidos fuera del territorio español, basta con la existencia de serias y lógicas evidencias, debido a la poca efectividad de seguir los métodos judiciales ordinarios que se utilizan en el lugar del crimen. Ésta es la España grande, la España que queremos, la España que ha abierto los ojos sobre la posibilidad de juzgar a Pinochet, la España donde uno de sus Tribunales, dictó sentencia el pasado 19 de Abril contra uno de los torturadores militares de Argentina, Adolfo Scilingo, sentenciándole a 640 años de cárcel por cometer crímenes contra la humanidad. Además, se espera una sentencia contra el torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo.  Más aun, se ha admitido la demanda de organizaciones de derechos humanos, para reabrir los sumarios de genocidio, tortura y asesinatos ocurridos en Guatemala, entre los años 1978 a 1986. ¿Y por qué no, reabrir los sumarios de los criminales contra la humanidad que han sido hasta el día de hoy, la fuente  para emplear el dinero en las ciudades veraniegas españolas, entre los que, se encuentran varios ex responsables árabes?

Hoy España, ha estado citada con la historia contemporánea de la jurisdicción penal internacional. El Tribunal Constitucional Español, rechazó las presiones norteamericanas que están en contra de la aplicación de dicha jurisdicción (como han hecho en Bélgica), tampoco le importó la probabilidad de que recurran a él todas  las victimas en Iraq, Palestina y los países dictatoriales del mundo para juzgar a los que cometen graves crímenes, considerando que la legitimidad internacional sobre los derechos humanos, está por encima de los intereses nacionales.

Hace unos diez días, la Audiencia Nacional ha manchado la reputación de la Justicia Española, condenando a Taysir Alony y a otras dieciocho personas, bajo la acusación de pertenecer o colaborar con una organización terrorista, a unas sentencias verosímiles que nos recuerdan a los Tribunales de Seguridad del Estado en los regimenes dictatoriales. Entonces, el mundo contempló a la España menor, la España de las leyes excepcionales y la guerra irracional sobre el terrorismo. La España que transforma al miedo, en una conducta de seguridad, y la conducta de seguridad, en una sentencia judicial, y a la sentencia judicial, en un generador diario de rencor, racismo y miedo al otro.

Entre la España grande y la España menor, median diez días, tal vez algunas semanas, a la espera de que el Tribunal recupere su juicio y decida poner en libertad a Taysir Alony, hasta que dicte sentencia el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, es decir, las partes más cercanas a la justicia y más lejanas de la politización, de los aparatos de seguridad y de las diferentes presiones. Entonces, el error judicial, no estaría reforzado por el mal trato y el empeoramiento del estado de saludo de la victima.

 15.10.2005